¡Saludos, apasionados neurónatas!
Dalay Leydu Canales Zambrano, miembro destacado del grupo neurónatas, les invita a sumergirse en las páginas de su reciente ensayo, "El Régimen de Fujimori: El Grupo Colina y las Violaciones de Derechos Humanos en la Década de 1990 en Perú". Este ensayo fue realizado para el curso de Proceso Histórico y Cultural del Perú, curso dirigido por el Mg. Luis Rodriguez Toledo. Vamos a explorar un oscuro capítulo de la historia peruana bajo el gobierno de Alberto Fujimori y la creación del Grupo Colina, un escuadrón paramilitar responsable de ejecuciones extrajudiciales.
¿Cómo se sienten al explorar este capítulo crucial de la historia peruana? ¿Qué lecciones extraen para el presente y el futuro? Las voces de ustedes son esenciales en este diálogo. ¡Comparten sus reflexiones y únanse a esta travesía literaria! Hasta la próxima entrega. 👋
El Régimen de Fujimori: El Grupo Colina y las Violaciones de Derechos Humanos en la
Década de 1990 en Perú
Las discusiones en torno al gobierno de Alberto Fujimori en Perú han
sido una fuente constante de polarización en reuniones familiares, charlas con
amigos y debates públicos. Quienes no hemos vivido directamente esa época
histórica nos sentimos marginados y silenciados, bajo el argumento de que
"no tenemos derecho a opinar sobre lo que no hemos vivido". Desde mi
infancia, he sido testigo de cómo el nombre de Fujimori evoca emociones
encontradas por su gobierno y por la continuidad de su imagen en la política:
mientras algunos vociferan sobre el éxito de su gobierno, otros condenan las
violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante su mandato.
Es cierto que algunos defensores del gobierno de Fujimori resaltan
logros económicos y medidas que consideran positivas para el país, como el
control de la hiperinflación y la lucha contra el terrorismo, pero no se debe
olvidar el dolor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y el
entender que Fujimori, Montesinos, los integrantes del grupo Colina; fueron
culpables de acciones que la gente prefiere omitir o en su ignorancia
“justificar”. Detrás de cada cifra y cada estadística, hay rostros y nombres
que representan vidas y familias destrozadas. Son historias de valentía y
resiliencia, de personas que lucharon increíblemente por la verdad y la
justicia en un contexto marcado por la impunidad.
El inicio del pisoteo a los derechos humanos, guerra de baja intensidad y el escuadrón de la muerte
El 28 de julio de 1990, día en el que cambiaría el rumbo del Perú.
Alberto Fujimori asumiría el gobierno, tras una segunda vuelta contra Mario
Vargas Llosa, su viveza, su simpatía, sus aliados, pero sobre todo los errores
de sus adversarios le permitieron llegar al poder. Al comenzar su mando una de
las primeras cosas que hizo fue cambiar a los altos mandos militares,
precisamente este hecho inicia todo lo que se avecinaba, colocó en puestos
estratégicos a militares que en muchos casos no podrían oposición o estarían a
favor de sus decisiones (Godoy, 2021). Fujimori entendió desde el principio que
la clave del poder radicaba en controlar a las fuerzas armadas y las
instituciones democráticas. Con la astucia de un estratega, tejía una cúpula
militar afín a sus intereses, utilizando como hilo conductor a Vladimiro
Montesinos, un hombre misterioso y enigmático, cuyo poder se extendía como una
sombra oscura.
Montesinos se convirtió en el titiritero detrás de las cortinas,
moviendo los hilos del poder militar a su antojo. Así nacía "Colina",
un grupo paramilitar que actuaría bajo su orden, llevando a cabo actos
inhumanos que marcarían la historia peruana con tinta roja. Montesinos dijo que
quería emplear el mecanismo de “una guerra de baja intensidad”(Godoy, 2021). El
objetivo principal de la "guerra de baja intensidad" era combatir el
terrorismo y garantizar la seguridad del país, pero en la práctica, implicaba
la violación sistemática de los derechos humanos, cometer crímenes de lesa
humanidad e impunidad para los perpetradores, significaba “combatir el
terrorismo con terrorismo”(Jara, 2007).
Colina era un escuadrón de la muerte que operaba en las sombras,
compuesto en su mayoría por militares y agentes de inteligencia. Su objetivo
principal era eliminar supuestos miembros o simpatizantes de grupos
terroristas, pero sus acciones frecuentemente afectaban a personas inocentes y
civiles desarmados. El Grupo Colina perpetró numerosas masacres y ejecuciones
extrajudiciales, entre ellas la matanza de Barrios Altos y la Cantuta.
Caso Barrios Altos:
El 3 de noviembre de 1991, en el barrio de Barrios Altos, el grupo
paramilitar "Colina" perpetró una matanza en una pollada. Liderados
por Santiago Martin Rivas, los integrantes del grupo Colina ingresaron a la
reunión portando fusiles y disparando indiscriminadamente contra los
asistentes. La violencia desatada en aquel fatídico día se cobró la vida de
quince personas y dejó a varias otras heridas, entre las víctimas se
encontraron personas como Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca,
Alejandro Rosales Alejandro, Máximo León León y otros miembros de la comunidad.
Incluso un niño de ocho años, Javier Manuel Ríos Rojas, que jugaba en una
habitación, fue víctima de esta terrible masacre. Después de cometer la masacre
en Barrios Altos, se intentó ocultar responsabilidades presentando el evento
como un atentado terrorista perpetrado por Sendero Luminoso.
Tomás Livias Ortega fue uno de los afectados por la brutalidad de este
ataque. Las balas lo alcanzaron, causándole graves lesiones que lo dejaron
paralizado. Su vida dio un giro inesperado y doloroso, enfrentándose a una
realidad completamente distinta a la que había conocido hasta ese momento. A
pesar de la tragedia y las secuelas físicas y emocionales que enfrentó, Tomás
no se rindió. Su testimonio y el de otros sobrevivientes fueron fundamentales
para revelar la verdadera identidad de los perpetradores.
Caso la Cantuta:
En el verano de 1992, tras el atentado en la calle Tarata en
Miraflores, el gobierno liderado por Alberto Fujimori buscó una operación
militar para capturar a los responsables, creyendo que algunos de ellos podrían
estar en la Universidad de La Cantuta. Las Fuerzas Armadas ingresaron a la
universidad y comenzaron a tomar el control de los espacios, lo que desató
protestas estudiantiles.
El grupo Colina, bajo las órdenes de altos funcionarios, planificó una
operación para desaparecer a nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta. El
18 de julio de 1992, secuestraron a nueve estudiantes y un profesor de esta
institución los llevaron a una zona donde los ejecutaron extrajudicialmente.
Los cuerpos fueron enterrados de manera provisional en Huachipa en una zona
conocida como “la boca del diablo”.
Los intentos de encubrir el crimen se hicieron evidentes cuando el
diario "La República" publicó la noticia de las detenciones en La
Cantuta. La rectora y los familiares de los desaparecidos exigieron respuestas
y justicia. Sin embargo, el gobierno trató de acallar la investigación y negar
cualquier implicación. Todo eso cambió cuando le llegó de manera anónima en un
sobre con el nombre de COMACA (una organización secreta de comandantes, mayores
y capitanes) al congresista Henry Pease y también el general Rodolfo Robles se
acercó a los congresistas y entregó información clave sobre el destacado
Colina. Dos días después, el 20 de julio de ese año por miedo a que los
descubrieran, quemaron los cuerpos y los trasladaron a una quebrada en la
carretera camino a Cieneguilla. Cuando se descubrió esto, Nicolas Hermoza Ríos
al ser cuestionado por estos sucesos, negó que el ejército haya realizado
detenciones en la Cantuta; sin embargo, salieron testigos y este tuvo que
retractarse y aceptarlo, pero mintió al decir que estos irían apareciendo,
creando en los familiares una falsa esperanza.
El 8 de julio de 1993, después de una investigación liderada por
periodistas y activistas de derechos humanos, se hallaron restos humanos en el
km 14 de la carretera a Cieneguilla. Los restos pertenecían a los desaparecidos
de La Cantuta, en las fosas descubiertas se encontraron las llaves de Carlos
Amaro, uno de los estudiantes desaparecidos. La verdad finalmente se estaba
descubriendo. La indignación de la sociedad y la presión internacional llevó a
que Santiago Martín Rivas, líder del destacamento Colina, fuera presentado como
detenido junto con otros integrantes, aunque en realidad Rivas estaba protegido
por altos funcionarios del gobierno, la injusticia seguiría reinando por
ejemplo con la aprobación de la ley Cantuta, una ley amnistía que permitió que
los integrantes del Grupo Colina salieran en libertad.
La continuidad de la injusticia
La violencia por parte de este grupo no cesó, otro de sus actos
violentos ocurrió en Pativilca, en enero de 1992. Con información falsa sobre
supuestas acciones terroristas, los miembros de Colina llevaron a cabo
detenciones ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales de seis personas,
entre ellas un adolescente, con el objetivo de dar la apariencia de que los
crímenes fueron perpetrados por Sendero Luminoso. En otro caso, intentaron
asesinar al destacado senador de izquierda Javier Diez Canseco, quien se
destacó por su lucha a favor de los derechos humanos y su oposición a las
violaciones cometidas por el gobierno, afortunadamente, la misión fue abortada
en el último momento.
Un caso particularmente desgarrador ocurrió en Huacho, donde
secuestraron, torturaron y asesinaron al periodista Pedro Yauri Bustamante,
conocido por su programa Punto Final, dedicado a la denuncia de abusos y
violaciones a los derechos humanos. Estos crímenes fueron perpetrados con la
intención de ocultar la verdad detrás de las ejecuciones y dar la apariencia de
que los actos fueron cometidos por Sendero Luminoso. Además, el destacamento
Colina recibió el respaldo de altos mandos del Ejército, como Hermoza Ríos, lo
que les dio impunidad para cometer estas atrocidades.
Un legado de normalización y justificación de la violencia
A pesar de todo lo acontecido en el gobierno de Fujimori, muchas
personas aún siguen justificando sus actos de violencia, las ejecuciones
extrajudiciales perpetradas por el Grupo Colina, las detenciones arbitrarias,
torturas y maltrato a detenidos y supuestos miembros de grupos subversivos, la
política de esterilizaciones forzadas implementada (caso por el cual aún no es
juzgado), el atropello a libertad de prensa y censura medios de comunicación
críticos al régimen.
La justificación de estos actos solo perpetúa un ciclo de impunidad y
falta de responsabilidad, lo que dificulta la búsqueda de la verdad y la
justicia para las víctimas y sus familias. Ignorar o minimizar estas
atrocidades sólo perpetúa el sufrimiento y desestima el valor de la dignidad
humana.
Es importante que como sociedad rechazamos cualquier intento de
justificar la violencia y aboguemos por el respeto a los derechos humanos como
principio fundamental de una sociedad democrática, respetuosa y sobre todo que
tiene memoria. Colina no fue un grupo que hizo justicia y mató terroristas,
Colina fue un grupo paramilitar que violó los derechos humanos.
Referencias bibliográficas:
Cruz, E. (2011). La
Cantuta en la boca del diablo. [Película]. Tv Cultura. https://www.youtube.com/watch?v=_R8AZ-cmmS4&pp=ygUhTGEgQ2FudHV0YSBlbiBsYSBib2NhIGRlbCBkaWFibG8u
Godoy, A. (2021). El
último dictador. Lima: Debate.
Hildebrandt, C. (2007). Fujimori y la guerra clandestina. [Película].
Agencia Perú TV Frecuencia Latina. https://www.youtube.com/watch?v=lRdah1AR5yw&t=2409s&pp=ygUgRnVqaW1vcmkgeSBsYSBndWVycmEgY2xhbmRlc3RpbmE%3D
Jara, U. (2007). Ojo
por ojo. Booket.
Murakami, Y. (2013). Perú en la era del Chino: la política
institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador. (2da ed.). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Uceda, R. (2018). Muerte en el Pentagonito. Los cementerios
secretos del Ejército peruano. Lima: Planeta.
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